Los trusts y fideicomisos en Uruguay se parecen en la idea y se separan en las reglas. El fideicomiso es el negocio jurídico que regula la Ley 17.703, con forma escrita, registro y control uruguayos. El trust es la figura que define el Convenio de La Haya de 1985, y se rige por la ley que elija quien lo constituye. La diferencia importa sobre todo cuando un trust o un fideicomiso del exterior lo administra alguien que reside en Uruguay.
El fideicomiso de la Ley 17.703
Es el negocio por el cual el fideicomitente transmite bienes o derechos al fiduciario para que los administre según las instrucciones del contrato y los restituya, o los transmita al beneficiario, al cumplirse el plazo o la condición (artículo 1). Entre vivos se otorga por escrito, bajo pena de nulidad (artículo 2), y los bienes forman un patrimonio de afectación separado del de las tres partes, cuyo instrumento debe inscribirse en la Dirección General de Registros (artículo 6). Y si el fiduciario es una persona casada bajo sociedad conyugal, los bienes fideicomitidos no ingresan a los gananciales (artículo 6).
El acto constitutivo debe designar al beneficiario, que puede ser una persona física o jurídica. También puede ser una persona futura, siempre que se fijen con precisión las características que permitan identificarla. En ese caso el contrato queda sujeto a la condición suspensiva de que esa persona exista, y pierde efecto si no existe dentro del año desde el otorgamiento (artículo 23).
El trust según el Convenio de La Haya
El Convenio define el trust como las relaciones jurídicas creadas, por acto entre vivos o por causa de muerte, por una persona, el constituyente, al colocar bienes bajo el control de un trustee en interés de un beneficiario o con un fin determinado. Tiene tres rasgos: los bienes forman un fondo separado del patrimonio del trustee, el título se establece a nombre del trustee o de otra persona por su cuenta, y el trustee tiene la facultad y la obligación de administrar rindiendo cuentas, según las condiciones del trust (artículo 2).
El Convenio, hecho en La Haya el 1 de julio de 1985, entró en vigor el 1 de enero de 1992. Se aplica solo a los trusts creados voluntariamente y probados por escrito (artículo 3), y el trust se rige por la ley que elija el constituyente (artículo 6). Una abogada societaria uruguaya incluye fideicomisos y trusts entre los temas de su carrera, según su tarjeta digital.
Qué cambia si el trust o el fideicomiso es del exterior
La Ley 18.930 obliga a informar al Banco Central quiénes son los titulares de participaciones patrimoniales al portador, y aplica a los fiduciarios las reglas de las entidades emisoras y a los beneficiarios las de los titulares (artículo 1). Esa obligación alcanza a los fideicomisos del exterior cuyo fiduciario o administrador sea residente en territorio nacional (artículo 2). Según la guía de la Auditoría Interna de la Nación, los fideicomisos residentes y no residentes, salvo excepciones, deben identificar e informar al BCU a sus titulares y beneficiarios finales.
Hay una excepción para los fideicomisos constituidos en el exterior que están inscriptos y supervisados en su país y cumplen otras condiciones: no identifican beneficiario final, pero sí comunican al BCU que están en esa situación y conservan los registros (Decreto 166/017, artículo 7). Un administrador residente en Uruguay que recibe un trust debería preguntar primero si entra en la obligación o en la excepción.
Trusts y fideicomisos en Uruguay: cuándo conviene cada uno
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| Bienes y partes en Uruguay | Contrato escrito con el contenido de la Ley 17.703 e inscripción en la Dirección General de Registros |
| Trust constituido en el exterior con administrador residente en Uruguay | La ley elegida por el constituyente y la obligación de informar al BCU |
| Fideicomiso del exterior inscripto y supervisado en su país | Si cumple la excepción: comunicar la situación al BCU y conservar los registros |
En los fideicomisos uruguayos, según la guía, la inscripción en el Registro de Actos Personales es declarativa: no condiciona la constitución ni la validez, aunque el fideicomiso inscripto es oponible a terceros (Ley 17.703, artículo 17), y la fecha de vigencia es la de celebración del contrato. El fideicomiso se informa al BCU con su propio RUT, que se gestiona ante la DGI si no existe.
